La Contraloría ordenó dos investigaciones en la Municipalidad de Viña del Mar. Una de ellas es por la presunta recopilación y almacenamiento de datos sensibles de los funcionarios y de vecinos de esa ciudad de la Quinta Región y otra por contratar a personas que tienen líos con los tribunales.
El organismo fiscalizador hizo eco de esta manera, a través de un dictamen que publica The Clinic Online, de la denuncia formulada por el concejal Víctor Andaur y el diputado Rodrigo González.
La auditoría se dirigirá principalmente al Departamento de Seguridad, que a juicio de los denunciantes habría violado la Ley de Protección a la Vida Privada, cuestión que podría salpicar a la alcaldesa Virginia Reginato.
En el dictamen, la Contraloría justifica su decisión, además, con el testimonio de Lidia González Peña, una ex funcionaria municipal que denuncia las mismas prácticas y sindica como el presunto responsable al coronel (R) de Carabineros don José Pazo Muñoz.
Según la mujer en la unidad habría contratada personas con antecedentes que recibirían dineros de manera ilegal, porque la ley les prohíbe trabajar en una repartición pública sin han tenido líos con la justicia.
Por último, el organismo fiscalizador también profundizará en el uso ilegal de vehículos fiscales.
La primera vez que se presentó esta denuncia fue en 2006 y nunca se hizo nada. Sólo ahora, cuando la Contraloría tomó conocimiento de los antecedentes tomó cartas en el asunto.
Fuente: The Clinic
