La razón es que luego de la implementación de la ley que elimina el pago del 7% de salud, se les transfirió al tramo A del sistema público, catalogándolos como indigentes.

Los afectados son personas que cuentan con la Pensión Básica Solidaria, principalmente mujeres que eran cargas de sus maridos.

Según los diputados PPD Ramón Farías y Tucapel Jiménez, “se les condena a esperar largos meses en los consultorios y hospitales para tener una hora con un especialista o por un examen”.

Una de las afectadas, Margarita Méndez, contó que tras consultar por qué le habían negado ese beneficio “me respondieron que porque nunca había cotizado y que si quería atenderme particular, debía renunciar a la Pensión Básica Solidaria, y obviamente no puedo hacerlo, porque necesito ese dinero”.

“Esto nos parece inadmisible, y lo que estamos planteando es que la autoridad responda a estos cuestionamientos y explique por qué se les está restando de beneficios que antes ya tenían”, indicó Farías.

Por su parte, el diputado Tucapel Jiménez señaló que “nuestra Constitución garantiza el acceso a la salud y lo que están haciendo hoy, con este grupo de personas que son vulnerables al decirle que renuncien a sus pensiones, es humillante y un trato que ellas no se merecen”.