La Corte Marcial de la Armada rechazó abrir una investigación por el delito de incumplimiento de deberes militares de los funcionarios del SHOA, tras los errores en la alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010.
Los cinco jueces castrenses dijeron que no había delito y señalaron que hay abierta una causa en el sistema de justicia ordinaria a cargo de la fiscal Solange Huerta.
La petición la había hecho el abogado Raúl Meza, que representa a los familiares de una de las víctimas del Tsunami.
Meza está suspendido del ejercicio a la abogacía por faltas a la ética.
La resolución de la Corte Marcial Naval indica “que los hechos ahora denunciados ante el citado tribunal naval son los mismos conocidos y radicados previamente en la justicia penal ordinaria”.
Agrega que “el Servicio nacional de Alarma de Maremotos es ajeno a la orgánica de la Armada de Chile” y que “no resulta posible esclarecer que las conductas descritas en la denuncia constituyan actividades militares ni guarden relación con las funciones propias de las instituciones armadas”.
La fiscal Huerta tiene formalizados por cuasi delito de homicidio a ocho ex autoridades por los errores en la alerta de Tsunami.
Entre los imputados están el ex subsecretario del interior, Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, y el ex director del SHOA, Mariano Rojas.
