La idea la tuvieron Juan Enrique Suárez, ingeniero, y Rodrigo Lazo, abogado que trabajó en la fiscalía, según informa El Mercurio.
Los profesionales explican que se enfocarán en la debilidad del sistema: los robos y hurtos sistemáticos que sufren empresas y organizaciones, en especial del retail.
Estas causas con imputados desconocidos generalmente terminan en los archivos provisionales del Ministerio Público, como ocurre con los “robos hormiga”, los asaltos a farmacias, robos de cajeros automáticos y fraudes.
El proyecto apuntará a disminuir las pérdidas de potenciales clientes por hechos que, generalmente, no son investigados.
La Fiscalía Privada actuará desde julio con una red de abogados, varios de ellos ex fiscales, y especialistas en indagaciones, como ex policías.
La idea, explica Suárez, es entregar más y mejores antecedentes al Ministerio Público y contribuir así al éxito de la indagación, además de actuar como querellante y representante de los clientes-víctimas.
Si la idea cunde, ¿a futuro se privatizarán las policías?
