El hecho lo denunció el diputado Pablo Lorenzini al aprobarse en la Cámara un proyecto para terminar con la inestabilidad en el empleo de los funcionarios de Contraloría.
El trabajo de estos funcionarios pende en un hilo porque sus puestos están declarados como “de confianza” del Contralor.
Esta norma viene desde 1980 y fue dictada durante la dictadura militar.
Los diputados pidieron al gobierno que patrocine una nueva ley que otorgue estabilidad en el empleo a los funcionarios de la Contraloría General de la República.
La Ley N° 10.336 Orgánica de la Contraloría señala que los empleados son de exclusiva confianza del Contralor quien puede nombrarlos, promoverlos y removerlos con entera independencia de toda otra autoridad.
Los diputados señalan que esta norma resulta contraria al artículo 38 de la Constitución Política, que consagra la carrera funcionaria como principio esencial de la Administración del Estado.
El hecho ha significado la renuncia de 300 funcionarios, dijo Lorenzini.
Como la actual Constitución presidencialista dictada por el tirano en 1980, impide a los diputados presentar leyes que impliquen gastos, deben pedir que sea el Gobierno el que presente una iniciativa de esta naturaleza.
La solución, como dice el Chico Navarro, es dictar una “nueva Constitución”.
