Algo parecido a lo que se hizo con ENDESA en el pasado, es lo que propone Sebastián Bernstein, asesor de las eléctricas como muchos de sus ex colegas de la Comisión Nacional de Energía.
Bernstein escribió en El Mercurio que “para una diversidad de proyectos de generación de gran envergadura y ubicados a distancia, las líneas requieren franjas de terreno significativas y es prácticamente imposible negociar servidumbres con miles de propietarios, lo que importa un riesgo enorme para su realización”.
“Si la ejecución de estos proyectos es socialmente deseable, es posible que el Estado tenga un rol que cumplir, consistente en facilitar el desarrollo de los proyectos por la vía de establecer franjas de terreno o servidumbres.
“El Estado se haría cargo de obtener los permisos de acceso a esos terrenos o, eventualmente, de expropiarlos, para luego concesionar el diseño, construcción y operación de las redes de transmisión.
“Es decir, su injerencia se limitaría a facilitar los terrenos para la carretera y así reducir plazos y riesgos involucrados, siendo los privados los responsables de su ejecución y pago”.
“Es negativa, en cambio, dice Bernstein, “la visión de una carretera eléctrica donde el Estado participe del diseño, ingeniería y construcción de las líneas de transmisión, y en que el costo fuera absorbido por todos los consumidores y no por los generadores que por su ubicación llevaron al desarrollo de tal infraestructura”.
“Una eventual socialización de estos costos implicaría una renta muy significativa para estos generadores, lo que podría llevar a proponer la regulación de los precios de generación en cada punto de producción y terminar con el modelo de competencia en los puntos de consumo.
“En suma, la carretera eléctrica debe entenderse como un elemento facilitador del desarrollo de proyectos de transmisión, complementario a las concesiones eléctricas. No debe ser una herramienta que aumente el rol empresarial del Estado ni que afecte las señales de precio con que opera el sistema actual”.
